sábado, 11 de febrero de 2012

La injusticia de la justicia


Decir que la justicia española funciona mal no es nada nuevo. Con cierta frecuencia aparecen en los medios de comunicación noticias que denuncian extrañas sentencias que parecen demostrar que por lo menos algunos jueces no son muy conscientes de la época en la que viven y de los distantes que están sus criterios de los de la sociedad a la que sirven.  Tampoco es infrecuente conocer que determinados asuntos languidecen en los juzgados mientras que otros gozan de una extraordinaria celeridad. Sean estos dos ejemplos solo una muestra de los males que aquejan a nuestra sistema judicial.


He buscado datos más precisos sobre la opinión que de la justicia tienen los ciudadanos españoles. El Centro de Investigaciones Sociológicas se ocupó en su barómetro de febrero de 2011 de encuestar sobre temas relacionados con la justicia. Este estudio, basado en un muestreo de ámbito estatal y realizado sobre 236 municipios, evidencia la escasa confianza en los tribunales de justicia, la clara convicción de que las leyes no protegen a todos por igual, así como que la administración de Justicia en los últimos años funciona mal o, en todo caso, igual que en los anteriores.

Hay otro estudio aun mas reciente. Se trata del Informe 2011 del Observatorio de la actividad de la Justicia de la Fundación 'Wolters Kluwer' de Noviembre de 2011. Según este estudio, que se apoya a su vez en la Encuesta del Consejo General de la Abogacía publicada en octubre, el 50% de los españoles considera que la Administración de Justicia funciona "mal o muy mal" y sólo un 27% cree que funciona bien. Además, el 26% piensa que "funciona peor que hace dos o tres años". Según este barómetro, "La Administración de Justicia española se encuentra encarrilada en un proceso perverso que impide la mejora de su imagen. El punto de partida de la Justicia en el nuevo escenario democrático no era bueno. Los datos nos indican que la Administración de Justicia inició su andadura lastrada por una herencia negativa por su papel como instrumento político de un régimen no democrático Superado aquel escollo, hoy en día, nos encontramos ante una Justicia que parece condenada a una mala imagen perpetua. Se observa que la Administración de Justicia es incapaz de reaccionar ante las críticas a su gestión, sean las que fueren, vengan de donde vengan, con o sin fundamento". Actualmente, la Administración de Justicia tiene una valoración de 3,5 solo inferior a la del Gobierno de España (3,3), y superada por los Gobiernos autonómicos (4,0), las Cortes (4,1) y los Ayuntamientos (4,3).

Todos estos resultados en las encuestas referidas son anteriores a las últimas actuaciones de la justicia que han generado importantes reacciones en amplios sectores de la opinión pública. Los extraños procedimientos empleados en al caso Urdangarin, la sentencia del caso Camps y, sobre todo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo inhabilitando al juez Garzón no creo que hagan que la valoración que los ciudadanos españoles tienen de su sistema judicial mejore con respecto a los datos antes mencionados.

De los casos mencionados probablemente el que mayor repercusión internacional  haya tenido es el relativo al juez Garzón. En muchos de los medios de comunicación mas prestigiosos del mundo se manifiesta la extrañeza, sorpresa y, en algunos casos, la indignación por la sentencia aplicada.   Para el británico 'TheGuardian', la causa contra Garzón pone de manifiesto "dos grandes problemas" que, a su juicio, existen en España, como son "un poder judicial politizado" y "la herencia" de la dictadura franquista. La BBC califica a Garzón como "el juez más conocido de España" y "súper juez", e incluye un cuadro con sus causas más famosas: Pinochet, Bin Laden y Berlusconi, aunque también nombra a ETA. Además, destaca que el juez ha sido "respaldado" por la Comisión Internacional de Juristas y opina también que el procesamiento está "motivado políticamente". La revista TIME comenta al respecto "Aunque muchos observadores, tanto españoles como extranjeros, reconocen la base de los cargos contra Garzón, el extraordinario tratamiento que ha recibo este caso y el que sea uno de tres procesos abiertos contra él, son pruebas para muchos de que Garzón esta siendo victima de una caza de brujas". En términos aun mas tajantes se expresan el New York Times y el Washington Post.

Posiblemente la inacabable crisis económica en la nos movemos hace que la resolución de  los graves problemas de nuestra justicia no esté en lo alto de la lista de las preocupaciones de los españoles pero no cabe duda que mientras persistan, nuestro orden social, basado en un sistema democrático que se apoya en el funcionamiento razonable de los tres poderes básicos, estará muy cojo de una de estas patas.

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